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En el Condado Tulare, un paciente sin cobertura de salud decide defenderse y logra ganar la demanda entablada, luego de que el hospital no le ofreciera atención caritativa

El Centro Médico Regional de Tulare (ahora llamado Adventist Health Tulare) no le ofreció el plan de tarifas reducidas a Robert
(Photo via the Visalia Times-Delta)
Soluciones legislativas
USC Center for Health Journalism News Collaborative
December 16, 2019

Robert Mustin acababa de renunciar a su trabajo y hacía unos cuatro meses que se encontraba sin seguro de salud cuando terminó en la sala de urgencias del Centro Médico Regional de Tulare. Su primer incidente fue en mayo y luego otra vez en julio de 2014.

Este residente de Tulare, que hoy tiene 31 años, no pensó en estas dos visitas al hospital hasta tres años después, cuando lo llamaron de Kings Credit Services pidiéndole que pagara un total de 4,409 dólares incurridos por la atención recibida en la sala de urgencias y los análisis de laboratorio realizados. Estas facturas sin pagar causaron que la compañía de créditos entablara una demanda judicial contra Mustin.

Mustin, conductor de camiones que con frecuencia realiza trabajos provisorios y a término, sintió gran alarma debido a esta inminente deuda. Mustin percibe ingresos inferiores a 22,000 dólares al año, según su declaración de impuestos de 2016.

“Intenté llegar a un acuerdo con el hospital, pero me dijeron que era demasiado tarde y que ahora debía solucionarlo con la agencia de recaudación”, señala Mustin, que se negó a revelar el motivo de su visita a la sala de urgencias por razones de privacidad.

Mientras buscaba la manera de resolver una deuda que no podía pagar, Mustin obtuvo información sobre la Política para la Fijación de Tarifas Justas en los Hospitales de California. Dicha norma, vigente desde enero 2007, ordena a los hospitales de cuidados intensivos a limitar las facturas médicas a la tasa de reembolso establecida por Medicaid en el caso de personas o familias sin cobertura de salud con ingresos equivalentes al 350% del nivel federal de pobreza, o inferior al mismo. Es decir, 90,125 dólares en 2019 para una familia de cuatro integrantes o 43,125 dólares para un individuo, como en el caso de Mustin.

Esto se denomina atención caritativa. Las leyes federales refuerzan este concepto con normas semejantes para los hospitales sin fines de lucro, como el Centro Médico Regional de Tulare. Dicho hospital pasó a llamarse Adventist Health Tulare, luego de ser adquirido como hospital adventista a mediados de 2019.

Los hospitales cobran un cargo más alto a las compañías de seguros privadas que a los programas gubernamentales de seguros de salud, como Medicare o Medi-Cal (el programa de Medicaid de California), según investigaciones realizadas por The New York Times y Kaiser Health News. Por lo tanto, las normas establecen que los hospitales no pueden cobrar a los pacientes sin cobertura médica un monto superior a la tarifa establecida para Medi-Cal. Asimismo, se les exige a los hospitales informar a los pacientes sobre la posibilidad de solicitar la tarifa establecida para atención caritativa, que incluso debe estar publicada en cartelería a modo de que sea información visible para el público general.

Mustin no recibió información sobre la tarifa para atención caritativa ni se le ofreció completar un formulario de solicitud (que, en su caso, la tarifa hubiera sido aproximadamente de 573 dólares, en vez de la factura que recibió por 4,409 dólares). Los estudios de abogados especializados en justicia social sostienen que se trata de un problema frecuente. 

“Un gran problema que tienen nuestros clientes sin cobertura de salud es que no reciben la opción de la atención caritativa”, señala Tashara Kuspa, abogada de Central California Legal Services especialista en legislación de salud para los consumidores. “Cuando un paciente llama y dice que no puede pagar una factura médica, en vez de solicitar la tarifa establecida para la atención caritativa, pregunta: ‘Bueno, ¿qué tipo de sistema de pago pueden ofrecerme?’ Y de esta manera, la factura termina en manos de agencias de recaudación y se comienza a acumular interés”.

Los hospitales de California redujeron a la mitad la cantidad de fondos destinados a la atención caritativa entre 2013 y 2017, según datos de los hospitales presentados ante la Oficina de Planificación y Desarrollo de Salud de California. La reducción más grande se llevó a cabo tras la aprobación de la Ley de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), según el informe de Kaiser Health News. Este rubro ha continuado disminuyendo desde entonces.

En 2018, Xavier Becerra, procurador general de California, denegó la solicitud de tres hospitales de California que buscaba obtener una exoneración en sus obligaciones en relación con la atención caritativa y ordenó pagar millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro a modo de cumplir con los requisitos establecidos en este rubro para el año 2016. Mission Community Hospital de Los Ángeles tuvo que donar 1,700,000 dólares, Emanuel Medical Center de Turlock debió donar 1,900,000 dólares, y Verdugo Hills Hospital de la Universidad del Sur de California tuvo que donar 1,700,000 dólares.

Los hospitales sostienen que se les debería permitir gastar menos en atención caritativa, ya que, gracias a la aprobación de la ley ACA, la mayoría de las personas debería contar con cobertura de salud y no sería necesario que recibiera ayuda financiera.

Pero Mustin es una de las tantas personas que califican para el programa Medi-Cal, pero no se inscribieron para recibir dicha cobertura. En el período de inscripciones de 2017-2018, aproximadamente 529,000 personas sin cobertura cumplían con los requisitos para inscribirse en Medi-Cal, según el Estudio por Entrevistas sobre Temas de Salud de California. Los investigadores de la Universidad de California calculan que unas 730,000 personas sin cobertura cumplirán con los requisitos para recibir Medi-Cal en 2020 pero no se inscribirán.

Mustin no se inscribió en Medi-Cal en aquel momento porque no pensaba pasar mucho tiempo sin empleo y pensó que pronto contaría con un plan de salud proporcionado por su empleador. El formulario de solicitud de Medi-Cal consta de 36 páginas. Una vez que se envía el formulario de solicitud al estado, el aspirante debe esperar por la aprobación del estado —en la que se confirma si la persona cumple con los requisitos para recibir cuidados subsidiados de la salud— antes de poder tener acceso a los beneficios.

La solicitud puede llevar entre 45 y 60 días en procesarse. En el caso de una persona que piensa que no pasará mucho tiempo sin cobertura, quizás no le parezca que valga la pena hacer el esfuerzo que implica completar y enviar la solicitud. En este caso, Mustin no pensaba que iba a estar desocupado durante cuatro meses.

Nunca pensó que, durante el período sin empleo, terminaría en la sala de urgencias en dos ocasiones.

Cuando la agencia de recaudación comenzaron a bombardearlo con mensajes de correo electrónico y llamadas telefónicas a comienzos de 2017, Mustin decidió encargarse él mismo del asunto antes de recurrir a Central California Legal Services de Fresno. Comenzó a enviar cartas tanto al Centro Médico Regional de Tulare Regional como a la agencia de recaudación Kings Credit Services con el objetivo de notificarles sobre la ley de atención caritativa.

“Considero que se me debió haber ofrecido y otorgado ayuda financiera… por los servicios médicos recibidos… No tengo cobertura de salud, y el hospital no me informó sobre la posibilidad de solicitar ayuda financiera” señaló Mustin en una carta dirigida a Kings Credit Services en julio de 2017.

“No recibí información por escrito sobre la atención caritativa ni la política de tarifas con descuento establecidas por el hospital”, aseveró en otra carta dirigida al hospital en el mismo mes de julio.

Poco después de que Mustin enviara dichas cartas, Joy Dockter, abogado de Central California Legal Services, intervino en el caso de Mustin para proporcionarle ayuda.

A comienzos de marzo de 2018, el director ejecutivo interino del Centro Médico Regional de Tulare, Larry Blitz, reconoció ante Dockter que se debería haber exonerado a Mustin por las facturas médicas incurridas ya que no se le ofreció atención caritativa, según los expedientes judiciales del Tribunal Superior del Condado Tulare.

“Pido disculpas en nombre del distrito de Atención de la Salud Local de Tulare y deseo asegurarles a todos que nuestro nuevo equipo de gestión y la Junta Directiva cumplirá plenamente con todas estas leyes y normas”, señaló Blitz por escrito en una carta dirigida a Dockter en marzo de 2018.

El estudio de abogados trabaja de manera habitual con demandas por casos de atención caritativa, además de ponerse en contacto con los hospitales para informarse acerca de sus prácticas con respecto a la atención caritativa.

“Claramente algunos sistemas hospitalarios son peores que otros en gestionar la atención caritativa”, señala Kuspa. “Nos comunicamos con los hospitales del Valle Central y dedicamos tiempo a explicarles de manera personalizada lo que las normas establecen, las políticas del hospital y su práctica en los hechos, e identificamos las discrepancias que observamos. Hemos tenido mucho éxito en este tipo de acercamiento con los hospitales”.

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About This Series

Este proyecto es resultado de un innovador emprendimiento periodístico —The USC Center for Health Journalism Collaborative— que incluye una variedad de medios informativos de todo el estado de California dedicados a presentar informes conjuntos sobre las personas sin seguro médico que residen en el estado. Entre los medios informativos se incluyen los periódicos de Gannett Co., McClatchy Corp., La Opinión y Southern California News Group, así como también las emisoras Capital Public Radio y Univisión.

Topics in this Series

  • Asequibilidad
  • Acceso a los cuidados
  • Ampliación de la cobertura
  • Personas indocumentadas y sin Seguro
  • Soluciones legislativas